Wasserman y el pasivo pesional en la U.N

Moisés Wasserman expone en el siguiente comunicado, su posición frente al problema de pensiones en la Universidad Nacional. En él encontramos una posición que si bien es benevolente con la Universidad, no se ha visto reflejada en hechos concretos que todos podamos conocer. Invitamos a la administración a que utilice los medios a su disposición para entregarnos informes más concretos de sus acciones. Conocer sus buenas intenciones, no basta.

RECTORÍA
COMUNICADO NÚMERO 010
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Apreciados profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia:

He recibido varias comunicaciones que solicitan mayor claridad en mis posiciones sobre el artículo 38 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND). En sucesivos comunicados y encuentros he planteado mis puntos de vista. Trataré de condensarlos y explicarlos una vez más aquí.

1) ¿Cuál es el problema?

La principal amenaza a la estabilidad financiera, y a largo término a la autonomía de la Universidad Nacional , no es el artículo 38 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo sino la indefinición jurídica sobre el pasivo pensional. Ese no es un problema imaginario como algunos pretenden. Es real, y aunque este no es el lugar para excesivos detalles puedo afirmar que ya ha tenido efectos negativos en nuestras finanzas y en las de otras universidades del orden nacional, y ha producido grandes incertidumbres, molestias y perjuicios a nuestros pensionados. El mantenimiento de esa indefinición potencialmente puede generar situaciones de una enorme gravedad como calificaciones financieras que nos impidan contratar con el Estado, cobros coactivos a la Universidad de sumas que debieron ser pagadas al sistema de pensiones y no lo fueron, y diferencias entre las liquidaciones que hizo la Universidad y la norma general. Indudablemente procederíamos a defender a la Institución pero no hay ninguna certeza que nos permita estar responsablemente tranquilos.

2) ¿Cuáles son las posibles soluciones?

Muy temprano después de la aprobación de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo les expliqué lo que habíamos hecho para modificar el artículo 38 así como mi poca satisfacción con los términos del mismo. Sin embargo, reconozco que éste podría abrir una salida jurídica para que la responsabilidad del pasivo pensional se descargue de las universidades nacionales y sea asumido en forma explícita por el gobierno (cosa que hasta ahora nunca ha pasado). La gran tarea es lograr los términos más ventajosos para la Universidad. Para eso nombré una comisión de profesores de reconocida autoridad académica en economía, ciencias políticas y derecho constitucional. La tarea de esa comisión es recomendarle a la dirección de la Universidad las mejores estrategias para enfrentar el problema y resolverlo. En varias reuniones y en comunicados que se han publicado (el tercero debe estar en proceso de difusión) se ha pronunciado con conceptos y recomendaciones que se resumen así:

a. El artículo 38 del PND genera una oportunidad que se debe aprovechar. No obstante hay dudas serias sobre su constitucionalidad y coherencia técnica y genera temor por posibles implicaciones negativas. Sin embargo, mantienen los comisionados que la derogación del artículo no resuelve el problema central y por tanto hay que generar estrategias alternativas. Entre estas proponen explorar la posibilidad de promover una Ley especial que sea de iniciativa “multi-bancada”.

La rectoría acogió plenamente esa opinión de la comisión. Ya le planteó al gobierno sus dudas sobre el artículo 38 y le enviará los argumentos recibidos que sustentan esas dudas. Además le solicitó a la comisión la elaboración de un proyecto de Ley que aborde el problema integralmente. Así mismo se ha comprometido a buscar la alianza con todas las bancadas del Congreso para adelantar su aprobación, cuando la necesidad se concrete.

b. Constituir un comité técnico que precise las cuentas pensionales con los ministerios de Educación y de Hacienda y que haga las proyecciones necesarias en una posible negociación.

El comité técnico se constituyó el día viernes 1 de junio. Participan el Gerente Nacional, la Jefa de la División de Presupuesto, el Gerente de la Caja Pagadora de Pensiones y miembros del equipo económico del Ministerio de Educación.

Aunque el artículo 38 tiene problemas y eventualmente puede ser declarado inconstitucional, no hay ninguna certeza al respecto. Conceptos jurídicos muy calificados señalan que podría no caerse ante una demanda. Por tal razón la rectoría ha asumido la responsabilidad de estar presente y participar con anticipación en cualquier ámbito en el que se puedan tomar decisiones que nos afecten. No sería responsable “apostar” el futuro de la Universidad a una operación jurídica insegura.

Las sucesivas declaraciones públicas del Presidente de la República y de la Ministra de Educación deben ser capitalizadas por nosotros en la argumentación y negociación. Tenemos la fortaleza técnica y la fortaleza conceptual para que la solución del problema favorezca a la Universidad. Dejar que las cosas sigan como vienen podría ser cómodo para la actual administración, pero no sería responsable porque la Universidad quedaría sometida en el futuro a las voluntades del gobierno de turno y a coyunturas políticas que no podemos prever. Más aún, cálculos preliminares ya realizados con los ministerios de Hacienda y de Educación nos permiten un muy razonable grado de optimismo sobre la posibilidad de que en una eventual concurrencia la Universidad no tenga que aportar más (incluso tal vez menos) de lo que está aportando ahora.

Reitero en forma enfática mi compromiso y el de todo mi equipo en la defensa de la Universidad y de su carácter público y nacional. Reitero también nuestra voluntad de conducir el problema a una solución que le dé a nuestros pensionados la claridad y la certidumbre de que carecen ahora. Nuestra posición para lograr estas metas no parte de un discurso rígido y dogmático sino de un análisis permanente, realista y flexible de las situaciones, y de una respuesta rápida y eficaz a las mismas.

Bogotá, 4 de junio de 2007.

(Original firmado por)

MOISÉS WASSERMAN
Rector