El rector Wasserman insiste en la figura de la concurrencia:
RECTORÍA
COMUNICADO NÚMERO 014
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Apreciados profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia:
Un cordial saludo. Espero que éste sea un semestre de realizaciones personales y colectivas.
El primer tema que quiero tratar con ustedes es el saneamiento del pasivo pensional de la Universidad. Debo reiterar nuevamente nuestra posición de mantener abiertas las diversas opciones y responder a los desarrollos en forma flexible y ágil para una mejor defensa de los intereses de la Universidad. La comisión de profesores que asesora a la rectoría explicó en el foro del 22 de junio todos los pros y los contras jurídicos de las diferentes opciones. Es claro que yo me apoyo en la comisión y acojo sus recomendaciones, y que no existe una solución única y simple. Las opciones deben ser cuidadosamente analizadas en todas sus implicaciones. La comisión publicará próximamente un informe técnico más detallado y preciso que este comunicado. Los invito a leerlo y analizarlo con rigor.
El equipo financiero y jurídico de la rectoría ha venido trabajando para aclarar las cifras acercándose a proyecciones reales, y hemos tenido diversos contactos con los ministerios de Hacienda y de Educación para definir y presentar a la comunidad los términos en los cuales se podría plantear una posible concurrencia.
A continuación les describiré el estado actual del tema. Aún es preliminar pero ya refleja mucho más cercanamente el perfil de un posible acuerdo. Para ello usaré una gráfica elaborada por los técnicos del Ministerio de Educación con datos y aportes de nuestro equipo. El principio fundamental del que no nos apartaremos de ninguna forma es el de que ni un peso saldrá de los presupuestos de funcionamiento e inversión de la Universidad. Por el contrario, como verán en la gráfica, a futuro se generará un excedente que podrá liberar la Universidad para sus objetivos misionales.
Para que esto sea posible el Ministerio de Hacienda reconocerá a la Universidad un rubro para pensiones igual al que estaba desembolsando en 1993 (9.024 millones de pesos) ajustado al IPC. Esta cifra expresada en valor presente (de acuerdo con lo establecido en la Ley 30 de 1992) corresponde a 45.568 millones de pesos, los cuales serán adicionales a lo aprobado en los presupuestos futuros de funcionamiento y de inversión . El aporte de la Universidad en la concurrencia saldría solamente de ese rubro.
Proyección de flujo de recursos para pago de pensiones 2.008 a 2.040
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Proyectando diversos escenarios, incluso los más desfavorables para la Universidad, el rubro deja un sobrante apreciable en la mayoría de los años. En algunos (de 2.011 a 2.015) podría estar ajustado o tener un pequeño déficit. En ese caso se compensaría con el excedente de los años anteriores que se mantendría en un fondo, y si éste resultara insuficiente se diferiría y se cargaría a años posteriores en los cuáles, como muestra la gráfica, tendría muy importantes excedentes. Para el año 2.040 ya prácticamente no habría obligaciones pensionales y el rubro de los 45.000 millones (con el valor que tenga entonces ajustado a pesos constantes) podría liberarse para otras necesidades de la Universidad.
De esta forma la Universidad nunca tendría que desembolsar dinero de su presupuesto, no afectaría sus funciones misionales, y su estabilidad financiera quedaría plenamente asegurada porque se reconocería explícitamente que el pasivo pensional no es de la Universidad.
Esta proyección puede variar de acuerdo con el cálculo fino de nuestro pasivo, con el ritmo al cual nos vayamos pensionando quienes estamos sujetos a este régimen, con el valor final de la concurrencia que resulte de revisar los presupuestos 1988-1992 y con el manejo de las “extralegalidades” (al cual me voy a referir a continuación). Los analistas dicen que podría ser aún mejor, pero de cualquier forma el acuerdo de hierro sería que en ningún momento nos saldríamos de la franja de los 45.000 millones (a valor constante).
Queda por resolver el problema de las “extralegalidades”. Ha sido muy discutido el tema pero para claridad de todos voy a resumirlo brevemente. Los acuerdos 68 de 1978 y 12 de 1986 del Consejo Superior Universitario decidieron una forma para liquidar las pensiones que resultó beneficiosa para los pensionados pero que se aparta de la norma general de la Nación. El Ministerio de Hacienda objeta la legalidad de esos acuerdos y aduce que no puede pagar sumas que no son estrictamente legales. Algunos fallos de jueces y un concepto del Consejo de Estado llevaron a la Universidad a suspender la aplicación de los acuerdos en noviembre de 2005, pero se continúa pagando el monto completo a quienes fueron liquidados con anterioridad a esa fecha. Esa diferencia está contemplada en la proyección anterior y explica el pico en la línea amarilla y roja (de triángulos). No modifica pues lo que dije anteriormente, pero sí pone a la Universidad ante la exigencia (del Ministerio de Hacienda y or ganismos de control) de demandar algunas de esas pensiones para que sea la autoridad competente la que dirima la controversia. Esa exigencia es independiente de si se llega a un acuerdo de concurrencia o no.
Nosotros (el equipo de rectoría que incluye por supuesto a la Caja de Previsión Social de la Universidad) nos hemos armado de argumentos jurídicos en contra de esa exigencia. Se ha hecho un análisis detallado que divide a la población (que según el Ministerio de Hacienda sería de unos 4.200 pensionados) en grupos con condiciones jurídicas diferentes. Nuestra posición de partida sería que no hay que demandar ninguna pensión. Tenemos argumentos fuertes para algunos grupos y un poco menos fuertes para otros (compuesto por quienes se pensionaron en 2004 y 2005, alrededor de 400 personas). La propuesta es que se constituya una comisión jurídica, compuesta por tres miembros de la Universidad y tres del Ministerio de Hacienda para discutir el problema. La Procuraduría General acompañaría el trabajo de la comisión. Si no se llegara a un acuerdo se le pediría al Procurador General resolver las divergencias. Hablé con el Sr. Procurador General y él se mostró dispuesto a acompañarnos y a buscar una solución con justicia y con realismo.
Nuevamente insisto que estos son aún resultados preliminares, no definitivos, pero ya muestran cómo se vería una posible solución por concurrencia. Si esta no fuese satisfactoria para la Universidad ya hemos avanzado en la preparación de una demanda del artículo 38 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, así como en la de un proyecto de ley como alternativa a ese artículo si llega a ser declarado inconstitucional.
Sobre otras cosas, la mayoría de la comunidad se enteró de la formalización de la donación de nuestro egresado, Ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo, a la Universidad. Construirá , asumiendo él un costo de 18.000 millones de pesos, el edificio para la biblioteca de Ciencia y Tecnología, planeado hace unos tres años y aprobado en el actual Plan de Desarrollo de la U.N. Es un magnífico precedente para la vinculación de egresados y miembros de la sociedad colombiana con la Universidad y en apoyo a la educación pública. He oído algunas afirmaciones sobre la supuesta privatización de la Universidad que implicaría este hecho. No es cierto por supuesto. Privatizar es poner los recursos públicos al servicio de intereses privados. Lo que vemos hoy es precisamente lo contrario; el dinero privado al servicio de los más altos intereses públicos.
Seguramente muchos de ustedes habrán visto en la prensa que nuestro proyecto de Hospital Universitario, introducido en el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, fue objetado por el Presidente de la República. En algún comunicado anterior describí la actividad de cabildeo político que habíamos ejercido para incluirlo. Continuaremos con esa labor en el análisis que debe surtir ahora nuevamente en el Congreso. De todas formas hay que diseñar múltiples y diversas estrategias para allegar los dineros, de fuentes públicas y privadas, necesarios para la construcción del Hospital. El costo que estimamos (y planteamos en nuestra solicitud a los ministerios y al Congreso) es de cerca de 160.000 millones que desborda totalmente la capacidad de inversión de la Universidad. Espero que muchos profesores del área de la salud se vinculen con los esfuerzos de las directivas para conseguir los recursos que necesitamos.
Así mismo la Universidad obtuvo, tras una ardua gestión en el Congreso de la República, que la reforma a la Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública) no afectara los contratos interadministrativos que la Universidad realiza con entidades públicas, y por lo tanto nuestros recursos propios provenientes de éstos tampoco se verán afectados.
No puedo terminar sin hacer un llamado a la normalidad académica. Se está trabajando por la Universidad con responsabilidad. Seguramente todavía habrá muchas situaciones que nos obliguen a decidir en una u otra dirección de acuerdo con lo que resulte mejor para la Universidad. En cualquier caso los términos de tiempo involucrados son diferentes a aquellos en los que acciones puntuales de protesta pueden tener efecto. Creo que la Universidad hará mejor en fortalecer la posición de quienes tenemos la responsabilidad de resolver los problemas, y sin duda no hay Universidad más fuerte que una Universidad que discute, dialoga y propone pero que en todo momento cumple con sus funciones y responde a las exigencias de la sociedad.
Nuevamente les deseo un exitoso semestre.
Dado en Bogotá D.C. 6 de julio de 2007.
(Original firmado por)
Rector
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