He aquí un artículo escrito por un profesor del departamento de historia de la Universidad Nacional, en él encontramos una visión que comprende aspectos nuevos para el debate y da una explicación objetiva del problema de la universidad pública colombiana. Tomado de Semana.
En las últimas dos décadas, las políticas estatales orientadas a suministrar recursos a las universidades públicas han estado marcadas por las restricciones que impone el déficit fiscal y por la concepción teórica respecto al papel de la Universidad en el desarrollo económico, delineada por el Banco Mundial y aceptada por la tecnocracia. Parte de esa concepción se ciñe al Consenso de Washington, en el que se estipuló: mayor disciplina fiscal, reorientación del gasto público hacia los sectores que ofrecieran “altos rendimientos económicos y el potencial para mejorar la distribución del ingreso, como la atención básica en salud, la educación primaria y la infraestructura”, reforma fiscal tendiente a reducir la tasa marginal y ampliar la base, liberación de la tasa de interés, privatización, apertura y desregulación, con el fin de facilitar que los agentes pudiesen entrar y salir de los mercados.
Junto a esta disciplina fiscal, el Banco Mundial sostenía que se debía “desestimular el gasto público en este nivel educativo (superior) con el argumento de que sus rendimientos sociales son inferiores a los rendimientos obtenidos en la educación primaria y del hecho de que sólo acceden a la educación superior las capas más ricas de la población” (Misas 2004. 201). Con esta recomendación, la política oficial se ha enrumbado a lograr la autofinanciación de la Universidad y privilegiar la educación universitaria privada utilizando para ello recursos públicos.
El nuevo rol
Sin embargo, con la profundización de la tercera fase de la globalización, el impacto de las nuevas tecnologías, el discurso sobre la “sociedad del conocimiento” y el desarrollo del capital cultural, el Banco Mundial cambia su percepción sobre el papel de la Educación Superior, en especial “a partir del año 2000, con la publicación de Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise … La nueva posición del Banco otorga a la educación superior un rol más definitivo como motor de desarrollo. A través de todo el documento y en escritos posteriores, se resalta la importancia creciente que desde hace algunos años se le asigna a la educación superior como instrumento fundamental en el crecimiento y el desarrollo económico de todos los países, y en especial de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo” (Misas 2004. 207).
A pesar de este cambio en la concepción del papel asignado a la educación superior, no se presentan mayores modificaciones en las políticas de financiación. En el “Estatuto Orgánico de las Universidades”, fijado por la Ley 30 de 1992, se estipuló que los recursos de las universidades se originarían en los aportes de los entes territoriales, los recursos y rentas propias, y los aportes del presupuesto nacional, estos últimos –expresa la Ley– "deben significar siempre un aumento en pesos constantes", con ello se garantizan el sostenimiento del presupuesto en términos reales, el funcionamiento y la inversión de las instituciones de educación superior. Faltando a esta disposición legal, entre 2003 y 2007 el gobierno nacional ha acumulado una deuda de 360.000 millones de pesos a las universidades públicas.
El sector privado cumple un papel de primer orden en las metas que se le fijan al sistema universitario. En la esfera gubernamental se piensa que estas instituciones poseen mayor autonomía y son menos sensibles a presiones políticas. Históricamente, la educación superior suministrada por el sector privado ha tenido en Colombia gran preponderancia: en 1935, de un total de 4.137 estudiantes matriculados, el 29 por ciento lo hacía en instituciones privadas; en 1950, de la matrícula total (10.632) el 28 por ciento correspondía a la Universidad privada; este comportamiento se modifica en 1960, cuando el 41 por ciento de quienes asisten a la Educación Superior lo hacen en 13 universidades privadas; en 1974, de 148.021 matriculados, el 54 por ciento lo hace en 58 instituciones privadas, y 72.243 alumnos, en 37 establecimientos universitarios públicos (Lucio y Serrano. 1992. 90).
Privadas y públicas
En 2006 el sistema de educación superior (Instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias, universidades) estaba compuesto por un total de 276 instituciones, de las cuales el 70,6 por ciento eran privadas, entre instituciones universitarias y universidades se contaban 165 establecimientos, de los cuales el 33 por ciento se financiaba con presupuesto nacional. En un período de 30 años (1973 a 2002), la oferta de programas de las instituciones de educación superior se ha ampliado: en pregrado nueve veces (de 456 pasó 4.201) y en posgrado 34 veces, de un total de 64 se incrementó a 2.229 (CID 2006).
Durante el lapso comprendido entre 1995 y 2005, la matrícula total en la educación se duplicó y la tasa bruta de cobertura pasó de 14,9% al 24,6 por ciento. La participación de la matrícula privada en relación con la oficial se vio afectada por la crisis económica y por los incrementos de los costos de matrículas. En 1995 el 67,1 por ciento de los estudiantes se inscribía en instituciones privadas; al finalizar el período, esa participación era del 51,5 por ciento; por otra parte, mientras la matrícula oficial se multiplicó por 2,77, la privada tan sólo lo hizo en 1,44.
La matrícula por nivel de formación presenta una significativa vinculación de las mujeres al sistema de educación superior: entre 2002 y 2005, en todos los niveles esta matrícula representa más del 50 por ciento del total (ver gráfico No.11). En la educación universitaria las mujeres representan el 52,6 por ciento de la matricula total; sin embargo, apenas ahora están accediendo al nivel de posgrado: en estudios de maestría, en promedio durante estos cuatro años, el 42 por ciento de la matrícula corresponde a las mujeres; en doctorado el comportamiento de género es bastante inequitativo, aunque sus indicadores vienen mejorando, en 2005, el 62 por ciento de quienes cursan estudios doctorales son hombres, mientras que en 2003 esta participación fue del 66,3 por ciento.
La concentración de la educación
De otra parte, la matrícula en educación superior presenta un alto grado de concentración. En 2002 Bogotá contribuía con el 36 por ciento de la matricula, aunque tres años más tarde el porcentaje se había reducido tres puntos. El 13 por ciento de la matricula registrada en 2002 se localizaba en Antioquia, y en 2005 esta participación se mantuvo en esa cifra. La Universidad en el Valle absorbe en promedio el 8 por ciento de la matrícula. En estas regiones se agrupa en promedio el 57 por ciento de la matricula total. En el nivel de posgrado, el 50 por ciento de la matrícula se aglutina en Bogotá, y el 12 por ciento en Antioquia.
Por áreas de conocimiento se destaca que una parte significativa de la matrícula se concentra en aquellas carreras cuya inversión en infraestructura es reducida, es el caso de las Ciencias Sociales, Derecho, Ciencia Política, Economía, Administración y afines. En 2002 el 48 por ciento de la matrícula total de las universidades privadas se orientó hacia estas disciplinas, y en 2005 se llegó al 50 por ciento.
En los últimos planes de desarrollo, la política sobre educación superior se centra alrededor de tres objetivos: equidad, pertinencia y calidad. Al procesar la información brindada por la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2003 se revela que sólo el 10 por ciento de la población cuyo rango de edad esta entre 23 a 37 años ha finalizado con éxito los estudios universitarios.
En el actual Plan de Desarrollo se fija como meta aumentar la tasa de cobertura bruta del 29 por ciento al 34 por ciento en cuatro años. En el artículo 28 de este mismo plan se propone que “con el fin de facilitar un mayor dinamismo en la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad y de la eficiencia del sector, el gobierno nacional reglamentará la asignación de recursos a las universidades públicas, con base en los principios constitucionales de equidad y autonomía universitaria”.
La política sobre la calidad de la educación la ha venido desarrollando el gobierno nacional por intermedio del Icfes, con los exámenes del Ecaes y la evaluación de los programas académicos, mediante el sistema de acreditación tanto de las universidades como de los respectivos programas.
Dificultades a la vista
Entre las dificultades que tiene el sistema de educación superior están las barreras de acceso debido a problemas financieros. Como lo señala el CID (2006. 21) y con base en el procesamiento de la ECV de 2003, en el rango de edad de 18 a 35 años, el 48,6 por ciento no continuó estudiando porque carecía de recursos; el 12,8 por ciento, porque las responsabilidades familiares se lo impidieron; el 11,6 por ciento, porque necesitaba trabajar, y el 11,3 por ciento, porque no tenía tiempo. En parte se ha tratado de superar estas limitaciones mediante el sistema de crédito brindado por el Icetex, pero con la tasa de interés compuesto que maneja esta institución, que hace que el crédito educativo raye con la usura y con el deterioro del salario de los profesionales que ingresan por primera vez al mercado de trabajo, este crédito se concentra en determinadas carreras.
El deterioro de los ingresos de los profesionales se aprecia en las brechas de ingreso según nivel educativo (cuadro 3). El índice se construyó tomando como 100 el ingreso promedio de los colombianos, que oscila alrededor de 1,2 salarios mínimos, y “luego se halló el ingreso promedio para cada uno de los diferentes posiciones ocupacionales y niveles educativos, ponderándolo respectivamente respecto al ingreso promedio, y se obtuvieron niveles de ingreso comparables o brechas entre grupos. Los cuadros deben ser leídos horizontal y verticalmente, en el primer sentido se muestra su evolución en el tiempo, en el segundo se observan las brechas de ingresos” (Bonilla 2006. 6). Efectivamente es claro que el nivel educativo repercute en el ingreso, sin embargo, para quienes obtuvieron un título en educación superior en el período comprendido entre 2002 y 2005, el ingreso descendió significativamente; para aquellos con educación superior incompleta, secundaria completa o incompleta, la tendencia en la brecha de ingreso es hacia el descenso.
De otra parte, la universidad pública estaría en condiciones de contar con mayores recursos para ampliar la oferta de cupos, mejorar la calidad, aumentar los grupos de investigación, invertir en laboratorios, si el pasivo pensional saliera del presupuesto de las universidades y fuese asumido por el gobierno nacional, pues la asunción de esa erogación por parte de las universidades pone en entredicho la sostenibilidad financiera de algunas de ellas. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, de las apropiaciones de los aportes del presupuesto de la Nación en 2004, el 26 por ciento se dedicó a pagar las pensiones, y en 2005 esta participación fue del 29 por ciento. En relación con la ejecución de los aportes del presupuesto, las pensiones representaron para 2005 el 30 por ciento del presupuesto.
El problema pensional
Los problemas pensionales de las universidades fueron contemplados en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, que estableció la constitución de un fondo para pagar este pasivo y que dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución y financiado “por la Nación, los Departamentos, los Distritos, y los Municipios, que aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido el presupuesto de la respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el promedio de los cinco últimos presupuestos anuales, anteriores al año de iniciación de la vigencia de la presente Ley”.
La política de saneamiento del pasivo pensional del actual gobierno quedó plasmada en los artículos 27 y 32 del Plan de Desarrollo: Estado comunitario desarrollo para todos”. En el primero de ellos se faculta al gobierno para “reglamentar los ajustes a los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas”, y el segundo hace referencia a que “en todo caso, la responsabilidad por los pasivos pensionales corresponderá a la respectiva universidad en su condición de empleadora. Las sumas que hayan sido transferidas por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido el pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha del corte previsto en el artículo 131 de la Ley 100/93, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo con la reglamentación que para efecto se establezca”.
Esto significa en primer lugar, que la Presidencia de la República, vía decreto, fija los parámetros presupuestales. Con la aprobación del primer artículo, se cuenta con una fórmula legal para disminuir el financiamiento por parte de la Nación a las universidades, lo que implica el desconocimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992; además, en el parágrafo del artículo 27 se establece que "Las instituciones de educación superior contarán con un periodo de transición para que puedan efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos”, es decir, las universidades tendrán que aumentar los mecanismos de autofinanciación y transitar en el camino de la privatización de sus servicios. En segundo término, cada vez más, una parte significativa del presupuesto de las universidades se deberá dirigir a atender el pago de sus profesores y empleados que disfrutan legítimamente de una pensión, y recortar recursos para los menesteres fundamentales del quehacer universitario.
*El autor es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional.h
Cuáles son realmente los riesgos de la viabilidad financiera de las universidades públicas
Soplan vientos de incertidumbre en estos centros de educación superior: paros, protestas, tomas. ¿Qué es lo que está pasando? En la comunidad educativa hay consenso de que la viabilidad financiera de las universidades públicas queda en entredicho si se les responsabiliza del pago del pasivo pensional. ¿Es esto así?
Por Óscar Rodríguez S.
Fecha: 05/17/2007 -Junto a esta disciplina fiscal, el Banco Mundial sostenía que se debía “desestimular el gasto público en este nivel educativo (superior) con el argumento de que sus rendimientos sociales son inferiores a los rendimientos obtenidos en la educación primaria y del hecho de que sólo acceden a la educación superior las capas más ricas de la población” (Misas 2004. 201). Con esta recomendación, la política oficial se ha enrumbado a lograr la autofinanciación de la Universidad y privilegiar la educación universitaria privada utilizando para ello recursos públicos.
El nuevo rol
Sin embargo, con la profundización de la tercera fase de la globalización, el impacto de las nuevas tecnologías, el discurso sobre la “sociedad del conocimiento” y el desarrollo del capital cultural, el Banco Mundial cambia su percepción sobre el papel de la Educación Superior, en especial “a partir del año 2000, con la publicación de Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise … La nueva posición del Banco otorga a la educación superior un rol más definitivo como motor de desarrollo. A través de todo el documento y en escritos posteriores, se resalta la importancia creciente que desde hace algunos años se le asigna a la educación superior como instrumento fundamental en el crecimiento y el desarrollo económico de todos los países, y en especial de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo” (Misas 2004. 207).
A pesar de este cambio en la concepción del papel asignado a la educación superior, no se presentan mayores modificaciones en las políticas de financiación. En el “Estatuto Orgánico de las Universidades”, fijado por la Ley 30 de 1992, se estipuló que los recursos de las universidades se originarían en los aportes de los entes territoriales, los recursos y rentas propias, y los aportes del presupuesto nacional, estos últimos –expresa la Ley– "deben significar siempre un aumento en pesos constantes", con ello se garantizan el sostenimiento del presupuesto en términos reales, el funcionamiento y la inversión de las instituciones de educación superior. Faltando a esta disposición legal, entre 2003 y 2007 el gobierno nacional ha acumulado una deuda de 360.000 millones de pesos a las universidades públicas.
El sector privado cumple un papel de primer orden en las metas que se le fijan al sistema universitario. En la esfera gubernamental se piensa que estas instituciones poseen mayor autonomía y son menos sensibles a presiones políticas. Históricamente, la educación superior suministrada por el sector privado ha tenido en Colombia gran preponderancia: en 1935, de un total de 4.137 estudiantes matriculados, el 29 por ciento lo hacía en instituciones privadas; en 1950, de la matrícula total (10.632) el 28 por ciento correspondía a la Universidad privada; este comportamiento se modifica en 1960, cuando el 41 por ciento de quienes asisten a la Educación Superior lo hacen en 13 universidades privadas; en 1974, de 148.021 matriculados, el 54 por ciento lo hace en 58 instituciones privadas, y 72.243 alumnos, en 37 establecimientos universitarios públicos (Lucio y Serrano. 1992. 90).
Privadas y públicas
En 2006 el sistema de educación superior (Instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias, universidades) estaba compuesto por un total de 276 instituciones, de las cuales el 70,6 por ciento eran privadas, entre instituciones universitarias y universidades se contaban 165 establecimientos, de los cuales el 33 por ciento se financiaba con presupuesto nacional. En un período de 30 años (1973 a 2002), la oferta de programas de las instituciones de educación superior se ha ampliado: en pregrado nueve veces (de 456 pasó 4.201) y en posgrado 34 veces, de un total de 64 se incrementó a 2.229 (CID 2006).
Durante el lapso comprendido entre 1995 y 2005, la matrícula total en la educación se duplicó y la tasa bruta de cobertura pasó de 14,9% al 24,6 por ciento. La participación de la matrícula privada en relación con la oficial se vio afectada por la crisis económica y por los incrementos de los costos de matrículas. En 1995 el 67,1 por ciento de los estudiantes se inscribía en instituciones privadas; al finalizar el período, esa participación era del 51,5 por ciento; por otra parte, mientras la matrícula oficial se multiplicó por 2,77, la privada tan sólo lo hizo en 1,44.
La matrícula por nivel de formación presenta una significativa vinculación de las mujeres al sistema de educación superior: entre 2002 y 2005, en todos los niveles esta matrícula representa más del 50 por ciento del total (ver gráfico No.11). En la educación universitaria las mujeres representan el 52,6 por ciento de la matricula total; sin embargo, apenas ahora están accediendo al nivel de posgrado: en estudios de maestría, en promedio durante estos cuatro años, el 42 por ciento de la matrícula corresponde a las mujeres; en doctorado el comportamiento de género es bastante inequitativo, aunque sus indicadores vienen mejorando, en 2005, el 62 por ciento de quienes cursan estudios doctorales son hombres, mientras que en 2003 esta participación fue del 66,3 por ciento.
La concentración de la educación
De otra parte, la matrícula en educación superior presenta un alto grado de concentración. En 2002 Bogotá contribuía con el 36 por ciento de la matricula, aunque tres años más tarde el porcentaje se había reducido tres puntos. El 13 por ciento de la matricula registrada en 2002 se localizaba en Antioquia, y en 2005 esta participación se mantuvo en esa cifra. La Universidad en el Valle absorbe en promedio el 8 por ciento de la matrícula. En estas regiones se agrupa en promedio el 57 por ciento de la matricula total. En el nivel de posgrado, el 50 por ciento de la matrícula se aglutina en Bogotá, y el 12 por ciento en Antioquia.
Por áreas de conocimiento se destaca que una parte significativa de la matrícula se concentra en aquellas carreras cuya inversión en infraestructura es reducida, es el caso de las Ciencias Sociales, Derecho, Ciencia Política, Economía, Administración y afines. En 2002 el 48 por ciento de la matrícula total de las universidades privadas se orientó hacia estas disciplinas, y en 2005 se llegó al 50 por ciento.
En los últimos planes de desarrollo, la política sobre educación superior se centra alrededor de tres objetivos: equidad, pertinencia y calidad. Al procesar la información brindada por la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2003 se revela que sólo el 10 por ciento de la población cuyo rango de edad esta entre 23 a 37 años ha finalizado con éxito los estudios universitarios.
En el actual Plan de Desarrollo se fija como meta aumentar la tasa de cobertura bruta del 29 por ciento al 34 por ciento en cuatro años. En el artículo 28 de este mismo plan se propone que “con el fin de facilitar un mayor dinamismo en la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad y de la eficiencia del sector, el gobierno nacional reglamentará la asignación de recursos a las universidades públicas, con base en los principios constitucionales de equidad y autonomía universitaria”.
La política sobre la calidad de la educación la ha venido desarrollando el gobierno nacional por intermedio del Icfes, con los exámenes del Ecaes y la evaluación de los programas académicos, mediante el sistema de acreditación tanto de las universidades como de los respectivos programas.
Dificultades a la vista
Entre las dificultades que tiene el sistema de educación superior están las barreras de acceso debido a problemas financieros. Como lo señala el CID (2006. 21) y con base en el procesamiento de la ECV de 2003, en el rango de edad de 18 a 35 años, el 48,6 por ciento no continuó estudiando porque carecía de recursos; el 12,8 por ciento, porque las responsabilidades familiares se lo impidieron; el 11,6 por ciento, porque necesitaba trabajar, y el 11,3 por ciento, porque no tenía tiempo. En parte se ha tratado de superar estas limitaciones mediante el sistema de crédito brindado por el Icetex, pero con la tasa de interés compuesto que maneja esta institución, que hace que el crédito educativo raye con la usura y con el deterioro del salario de los profesionales que ingresan por primera vez al mercado de trabajo, este crédito se concentra en determinadas carreras.
El deterioro de los ingresos de los profesionales se aprecia en las brechas de ingreso según nivel educativo (cuadro 3). El índice se construyó tomando como 100 el ingreso promedio de los colombianos, que oscila alrededor de 1,2 salarios mínimos, y “luego se halló el ingreso promedio para cada uno de los diferentes posiciones ocupacionales y niveles educativos, ponderándolo respectivamente respecto al ingreso promedio, y se obtuvieron niveles de ingreso comparables o brechas entre grupos. Los cuadros deben ser leídos horizontal y verticalmente, en el primer sentido se muestra su evolución en el tiempo, en el segundo se observan las brechas de ingresos” (Bonilla 2006. 6). Efectivamente es claro que el nivel educativo repercute en el ingreso, sin embargo, para quienes obtuvieron un título en educación superior en el período comprendido entre 2002 y 2005, el ingreso descendió significativamente; para aquellos con educación superior incompleta, secundaria completa o incompleta, la tendencia en la brecha de ingreso es hacia el descenso.
De otra parte, la universidad pública estaría en condiciones de contar con mayores recursos para ampliar la oferta de cupos, mejorar la calidad, aumentar los grupos de investigación, invertir en laboratorios, si el pasivo pensional saliera del presupuesto de las universidades y fuese asumido por el gobierno nacional, pues la asunción de esa erogación por parte de las universidades pone en entredicho la sostenibilidad financiera de algunas de ellas. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, de las apropiaciones de los aportes del presupuesto de la Nación en 2004, el 26 por ciento se dedicó a pagar las pensiones, y en 2005 esta participación fue del 29 por ciento. En relación con la ejecución de los aportes del presupuesto, las pensiones representaron para 2005 el 30 por ciento del presupuesto.
El problema pensional
Los problemas pensionales de las universidades fueron contemplados en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, que estableció la constitución de un fondo para pagar este pasivo y que dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución y financiado “por la Nación, los Departamentos, los Distritos, y los Municipios, que aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido el presupuesto de la respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el promedio de los cinco últimos presupuestos anuales, anteriores al año de iniciación de la vigencia de la presente Ley”.
La política de saneamiento del pasivo pensional del actual gobierno quedó plasmada en los artículos 27 y 32 del Plan de Desarrollo: Estado comunitario desarrollo para todos”. En el primero de ellos se faculta al gobierno para “reglamentar los ajustes a los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas”, y el segundo hace referencia a que “en todo caso, la responsabilidad por los pasivos pensionales corresponderá a la respectiva universidad en su condición de empleadora. Las sumas que hayan sido transferidas por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido el pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha del corte previsto en el artículo 131 de la Ley 100/93, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo con la reglamentación que para efecto se establezca”.
Esto significa en primer lugar, que la Presidencia de la República, vía decreto, fija los parámetros presupuestales. Con la aprobación del primer artículo, se cuenta con una fórmula legal para disminuir el financiamiento por parte de la Nación a las universidades, lo que implica el desconocimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992; además, en el parágrafo del artículo 27 se establece que "Las instituciones de educación superior contarán con un periodo de transición para que puedan efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos”, es decir, las universidades tendrán que aumentar los mecanismos de autofinanciación y transitar en el camino de la privatización de sus servicios. En segundo término, cada vez más, una parte significativa del presupuesto de las universidades se deberá dirigir a atender el pago de sus profesores y empleados que disfrutan legítimamente de una pensión, y recortar recursos para los menesteres fundamentales del quehacer universitario.
*El autor es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional.h
1 comentario:
compañeros, escribo este comentario lleno de tristeza, pertenezco orgullosamente a la sede Medellín de UN y el pasado viernes 18 de mayo a pesar de los intentos conjuntos de todos los compañeros de proponer soluciones para un problema tan grave como lo es el PND nuestro “queridísimo” vicerrector decidió evacuar la sede y el sábado 19 de mayo cerrarnos nuestro espacio, nuestro templo, nos encontramos a las puertas de una universidad totalmente sellada, nos encontramos como un un grupo de desplazados sin un lugar donde sesionar gracias una dudosa determinación que viola los derechos de nosotros como estudiantes a tener un espacio donde debatir sobre la problemática universitaria, este comentario es para que tal atropello no solo se conozca en la sede Medellín sino que cada uno de nuestros compañeros en todas las sedes y en general en todas las universidades como estudiantes, conozcamos los atropellos a los que nos estamos viendo sometidos, y que con su ayuda no sigamos permitiendo tales atropellos.
¡LOS ESTUDIANTES NO SOMOS TERRORISTAS!
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