HISTORIA
(Tomado del artículo "Arremetida contra la universidad pública" de los profesores Carlos Monje y Gonzalo Arango de las Universidades Surcolombiana de Neiva y Tecnológica de Pereira.)
La apertura y globalización de mercados imponen el rumbo a la educación superior
on la expedición de la Constitu- ción de 1991 se introdujo formal mente la política privatizadora al consagrar que "El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación..." y "La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos" (C. P. C., 1991, Art. 67).
El Plan de Apertura Educativa 1991-1994 formuló los lineamientos básicos para el último decenio del siglo, constituyéndose en el derrotero seguido por los pasados gobiernos de Gaviria y Samper y el actual de Pastrana en lo que respecta a la política para la educación superior. Allí se determinó
...Reorientar el gasto público en educación hacia los grupos más pobres de la población. Ello significa un mayor esfuerzo estatal en la financiación de la educación primaria y secundaria y un mayor esfuerzo de las familias en la financiación de la educación superior. Los mayores recursos de las universidades provendrán de la recuperación de costos académicos, de la diversificación de fuentes de ingreso y de los ajustes administrativos e institucionales (P. 28).
La forma que adopta la tendencia del Estado hacia el abandono de su responsabilidad en materia de financiación de la Educación Superior Pública, se esconde tras la teoría de "orientar la financiación a la demanda en lugar de la financiación a la oferta", reemplazando paulatinamente los aportes directos a las universidades por un sistema de crédito para los estudiantes, quienes, mediante el pago de matrículas elevadas financiarán a las universidades, bajo el engañoso supuesto de promover "...la emulación entre las instituciones públicas y privadas para ofrecer mejores servicios... " (P. 28). El Plan recomendó al ministerio de Educación Nacional el "...Incremento progresivo de las matrículas en las universidades públicas de tal manera que los nuevos estudiantes cubran la tercera parte de sus costos en un plazo de diez años, siempre y cuando se creen sistemas de financiación para los estudiantes más pobres..." (p. 28). También sugirió al Departamento Nacional de Planeación y al ministerio de Educación "...conjuntamente con el ICETEX, proponer a la Junta Monetaria el diseño de líneas de crédito para financiar los costos de matrícula y sostenimiento para los estudiantes de las universidades públicas" (p. 46-47) ".
Seguidamente se expidió la Ley de Educación Superior (Ley 30/92), que en aplicación de los mandatos de la Constitución de 1991, concreta la política preconizada por el Plan de Apertura Educativa para encausar a las universidades públicas hacia su total privatización. Los elementos establecidos en dicha Ley para este propósito son: sistema de información (para orientar la demanda), sistema de acreditación (para certificar la oferta), reforma del sistema de crédito educativo (para financiar a los estudiantes mediante préstamos) y la introducción, en el artículo 87, del criterio del "mejoramiento de la calidad de las instituciones" para la asignación de recursos directos a las universidades públicas (abrirle paso al sistema de indicadores de gestión y desempeño).
El papel del Estado en materia financiera para la universidad pública se reduce al establecimiento de un sistema de crédito, que incrementa gradualmente la participación del sector financiero privado, así como a la creación de estímulos a la generación de recursos en las instituciones, conduciendo inexorablemente hacia su privatización.
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Efectos del neoliberalismo en la educación pública superior
La educación se convirtió en una mercancía, al tenor de lo definido en la Constitución de 1991, respondiendo a la norma de que la educación la pagan aquellos que la puedan sufragar. Las instituciones de educación superior se tornan homologables a una empresa privada, con un gerente al mando, en donde las normas de administración se regulan solamente por el rendimiento del dinero y cuya tarea fundamental se reduce a la captación de recursos. La excelencia académica pierde relevancia, siendo el lucro lo que rige la universidad colombiana, en un país donde el gasto público en educación superior en 1998 fue de 4,3% del PIB y la cobertura de este nivel educativo apenas alcanzó el 12%.
La implementación de las políticas señaladas implican que la autofinanciación es hoy la única fórmula de supervivencia. De la consecución de recursos propios depende cada vez más el menguado aporte del fisco nacional. La autonomía financiera se aplica a la consecución de recursos propios, de modo que las universidades para poder subsistir deben convertirse en empresas prestadoras de servicios. Desde esta perspectiva, sostener profesorado de tiempo completo resulta muy costoso. Y la investigación se supedita principalmente a contratos para captar recursos. Por el mismo motivo proliferan los postgrados sin rigor científico y técnico, mientras suben las matrículas en forma permanente y desmedida. Las universidades se dedican al cabildeo.
La autonomía universitaria fue adulterada al confundirse con la autonomía financiera con el propósito de obligar las instituciones a autofinanciarse. La conocida sentencia C-220/27 de la Corte Constitucional representa para las universidades un aspecto positivo al poder realizar autónomamente traslados y adiciones presupuestales, agilizando y flexibilizando el manejo financiero de las instituciones, cosa que antes era más complicada debido a que se requería autorización del ministerio de Hacienda. No obstante, ocurre en el marco de la política de privatización y autofinanciación, lo cual significa que el ejercicio de dicha autonomía contribuye a facilitar la realización de contratos y convenios orientados a la captación de recursos. La política trazada por el Banco Mundial señala al respecto:
"Una mayor autonomía institucional es la clave del éxito de la reforma de la enseñanza estatal de nivel superior, especialmente a fin de diversificar y usar los recursos más eficientemente... Si se ha de aspirar a la diversificación de los ingresos, las instituciones deberán tener un incentivo para generar y utilizar un superávit financiero. Deberá permitírseles conservar los recursos adicionales que generen... En algunos países -como el Brasil- varias universidades tienen prohibido por la ley cobrar matrículas, y en Indonesia y otros países estas se establecen solamente con la aprobación del gobierno. Estas restricciones crean rigidez e ineficiencia en la administración. A la inversa, una base diversificada de recursos es la mejor garantía de autonomía institucional. La autonomía resulta ser en gran medida un conjunto vacío mientras las instituciones dependan de una fuente única de financiamiento fiscal."
"Las instituciones deberían tener, igualmente, la facultad de contratar y despedir personal, dado que representa una partida importante de gastos en la mayoría de instituciones de enseñanza superior Esta flexibilidad es esencial para que las universidades puedan establecer programas que respondan a las nuevas demandas del mercado laboral y controlar los costos reduciendo personal docente cuando la proporción entre profesores y estudiantes esté por debajo de los niveles de eficiencia. Las escalas de sueldos deberían fijarse de manera independiente en las diversas instituciones, de modo que puedan atraer a profesores de buena calidad" (La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia. Banco Mundial, 1995: 71).
Así las cosas, se promueve la autonomía administrativa orientada al auto-financiamiento. Es la desviación de la autonomía hacia la generación de recursos, manteniendo el control burocrático centralizado ejercido por entes gubernamentales externos. Este proceso privatizador se ha profundizado con la desaparición de la educación gratuita en la universidad pública y el alza desmedida de matrículas. Cada día se va perdiendo más la diferencia entre la universidad privada y la universidad pública. A las dos las envuelve el mercantilismo más desembozado.
Sometida a este régimen oprobioso, a la universidad pública se la puso a competir con la privada por la captación de recursos. Esa competencia ha trastocado su sentido: es por el dinero, no por la ciencia y la educación. Esto ha tornado la educación en una empresa meramente profesionalizante, dirigida por entero a la preparación profesional bajo un credencialismo que valora excesivamente el diploma de nivel universitario que da derecho al ejercicio profesional.
El país registra la expansión de instituciones y programas que obedecen a la lógica del mercado, que han merecido en el país el mote de "Universidades de garaje". Por tal razón, los pregrados se estiman carentes de rentabilidad. Se reemplazan por programas a distancia que reportan altos beneficios y no requieren profesorado, ni laboratorios, ni dotación de alto nivel, o quedan reducidos a una mínima expresión. Los postgrados, bajo la ilusión de que se está fomentando la investigación, la más de las veces carente de toda altura científica, van suplantando la educación de pregrado. Presenciamos el crecimiento inusitado de maestrías, doctorados, diplomados y actividades de extensión, la mayoría de ellos de baja calidad y montados sin los estudios pertinentes, todo ello para la captación de recursos propios dadas las altísimas matrículas que por estas actividades se cobran. Se va apoderando de la universidad un no disimulado desprecio por la tarea docente en los pregrados para dedicarse a contratos de servicio. La juventud colombiana y el país están siendo sometidos a un inmenso engaño por parte de las universidades: en el pregrado, porque se ha abandonado toda preocupación por su contenido, y en el postgrado, porque no responde a criterios de calidad científica. Tenemos un sistema ajeno al ideal de universidad como centro de investigación propio de los países desarrollados.
A medida que la universidad pública pierde profesorado, parte de él es absorbido por la universidad privada en la modalidad de contrato y no de tiempo completo. Igualmente, las malas condiciones salariales y académicas en las entidades públicas han empujado los docentes a contratarse por horas en las entidades privadas, rebajando la calidad de su función docente en el alma mater y disminuyendo su consagración al estudio, a la investigación y a la atención de los estudiantes.
La calidad de la docencia y de la investigación se ha deteriorado como resultado del hacinamiento, falta de personal adecuado, deterioro de los edificios, bibliotecas obsoletas e insuficiencia de equipos científicos y pedagógicos. El desarrollo de la investigación es más un objeto de retórica que un objetivo perseguido en forma permanente. Los grupos de investigación constituyen islas o pequeños archipiélagos, en instituciones básicamente dirigidas a la enseñanza.
Con la nueva arremetida se entierra definitivamente la gratuidad de la educación universitaria y se reemplaza por matrículas upaquizadas en el mejor de los casos; el acceso a la universidad no es para los más preparados y capaces, sino para los que puedan pagarla; la financiación a la demanda es el crédito educativo, de "estudie ahora y pague después"; el criterio de administración no es la mejor educación, sino el mayor rendimiento de los recursos conseguidos por autofinanciación; el profesorado de tiempo completo y dedicación exclusiva se considera muy costoso y se reemplaza por profesorado de contrato y ocasional; la tarea fundamental de la universidad y el profesorado dirigida a la docencia y la investigación se supedita a la venta de servicios; desaparece el bienestar universitario para los estudiantes que quedan desprotegidos para adelantar sus carreras; el salario de los profesores se deteriora progresivamente y sus reivindicaciones prestacionales y sociales van siendo conculcadas; el sistema de acreditación queda sometido a la competencia por la consecución de recursos, no por la calidad educativa; el crecimiento del presupuesto nacional para la universidad no corresponde a las necesidades de aumento de la cobertura.
La continuidad y el cumplimiento cabal de las medidas anunciadas a partir del Acuerdo Extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional y vertidos por el ministerio de Hacienda y Crédito Público en el documento Nuevos Rumbos para la Descentralización, acentuarán las anteriores tendencias y terminarán por cerrar el ciclo que comenzó hace más de treinta años en un periplo proceloso, de privatización, antidemocracia y autofinanciación, con el único propósito de someter la universidad a las políticas económicas definidas por el imperialismo norteamericano.
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Crear un frente amplio para defender y salvar la universidad pública
Sin universidad, sin educación e investigación científica y sin desarrollo tecnológico autónomo, resulta imposible resguardar la soberanía nacional. El abandono de la universidad y su privatización ha sido un golpe a la soberanía del país asestado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y agenciado por los gobiernos de Misael Pastrana, López, Turbay, Belisario, Barco, Gaviria, Samper y Andrés Pastrana. Son casi treinta años de esta política imperialista contra la universidad colombiana. A ello se suma la política neoliberal de apertura económica y apertura educativa que se introduce desde el gobierno de Barco, es institucionalizada por Gaviria y profundizada por Samper. Pastrana se propuso llevarla a extremos nunca imaginados con el Plan Nacional de Desarrollo, el más combatido en la historia reciente de Colombia.
Ya no se trata de la asfixia presupuestal a la que vienen sometidas las universidades públicas; está en juego su supervivencia. Las reformas previstas eliminan las partidas obligatorias del presupuesto nacional y las condiciona a los indicadores de gestión. Convierten los rectores en gerentes, sometidos, a riesgo de perder su puesto o ser llevados a juicio, a las normas de administración empresarial de producción y venta de bienes y servicios. Eliminan la autonomía universitaria, al establecer un Consejo Superior controlado por los organismos financieros del Estado, como el ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Profundizan la autofinanciación no como una alternativa mezclada con recursos del Estado, sino como la única forma de supervivencia.
Así las cosas, el panorama que se vislumbra es desalentador, a no ser que se configure un vigoroso movimiento de resistencia, estudiantil, profesoral y ciudadano, que detenga y haga reversar el funesto modelo neoliberal para la educación superior que amenaza seriamente la supervivencia misma de la universidad pública.
El profesorado de las Universidades Públicas, aglutinado alrededor de la Federación Nacional de Profesores Universitarios y de ASPU, ha venido confrontando esta política, tanto en los espacios de discusión como en las calles, movilizándose conjuntamente con los trabajadores organizados en Sintraunicol y con el movimiento estudiantil, que aunque disperso y carente de una organización nacional que lo unifique, ofrece resistencia a esta ofensiva privatizadora.
La alternativa es conformar el más amplio frente por la salvación de la educación pública estatal que congregue a estudiantes, profesores, trabajadores, administrativos, rectores y personal directivo, a quienes el gobierno les endosa la responsabilidad de autofinanciarla. Al igual que la salud, la vivienda y el trabajo, la educación hace parte de todo el entramado social y de la estructura del Estado, frente a lo cual es necesario articularnos a las luchas que libran el resto de los trabajadores organizados y los sectores populares que coinciden en el mismo llamado y se enfrentan a la arremetida neoliberal haciendo un llamado por la salvación nacional.
Los universitarios debemos luchar no solo por los intereses culturales y científicos, que constituyen pilar fundamental del verdadero desarrollo nacional y garantía del avance hacia nuestra autonomía, sino también contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y la superpotencia hegemónica, por la soberanía e independencia nacional, por liberar al país del oprobioso régimen de explotación y dominación, por la liberación social y por la constitución de una nueva democracia de los oprimidos y explotados.
UNIVERSIDAD Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
En este contexto aparece el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo (tomado del comunicado de rectoría de la Univesidad Nacional de Colombia número 004 del 7 de mayo de 2004):
"Me concentraré en el punto más importante que es el artículo 38, que plantea el saneamiento del pasivo pensional de las universidades de orden nacional mediante acuerdos de concurrencia entre las instituciones y el gobierno.
La propuesta original del gobierno decía:
…..La Nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades en los términos establecidos en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993. En todo caso la responsabilidad por los pasivos pensionales corresponderá a la respectiva universidad en su condición de empleadora. Las sumas que se hayan transferido por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido el pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha de corte prevista en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca.
La oración subrayada era particularmente peligrosa para la posición de la Universidad. Desde que tuvimos conocimiento del texto llevamos a cabo una intensa labor de convencimiento a senadores y representantes de todas las tendencias políticas y de todas las regiones. Coordinamos esfuerzos entre las cinco universidades afectadas (Caldas, Chocó, Córdoba, Cauca y Nacional) movilizando a nuestros representantes regionales. Yo fui invitado a intervenir en una reunión conjunta de las comisiones económicas de Cámara y Senado; los cinco rectores nos entrevistamos con altos funcionarios del ministerio de hacienda y compañeros de la dirección de la Universidad Nacional “hicieron guardia” en las sesiones plenarias hasta las 4 a .m y posteriormente en las sesiones de conciliación argumentando y convenciendo hasta el último minuto. La cámara aprobó un texto muy conveniente para nosotros, el senado aprobó el texto transcrito arriba. En la conciliación se logró retirar la oración subrayada.
Eso nos deja con la posibilidad de negociar la mejor salida posible y una salida definitiva al problema de pensiones que nos agobia. Tenemos buenos sustentos jurídicos para la negociación. La Ley 30 nos prohíbe usar los recursos de funcionamiento que recibimos de la Nación para nada diferente a nuestras actividades misionales. Igualmente lo hace el decreto 1210 (nuestra Ley Estatutaria) sobre los recursos propios. Por tanto no podemos ser obligados legalmente a usar nuestros recursos para las pensiones y la concurrencia deberá tener ese hecho en cuenta.
Si la Ley es sancionada, y las demandas de inconstitucionalidad no prosperan, nos espera un proceso de negociación duro y delicado para el cual necesitaremos el apoyo efectivo de todos los miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, a pesar de ser una amenaza, es también la oportunidad de resolver de base y para siempre un problema que pende sobre la Universidad como una espada de Damocles."
Moisés Wasserman
ARTÍCULO 38. Saneamiento del Pasivo Pensional de las Universidades Estatales del Orden Nacional. La Nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades en los términos establecidos en el artículo 131 de la ley 100 de 1993. Las sumas que se hayan transferido por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha de corte prevista en el artículo 131 de la ley 100 de 1993, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca.
Parágrafo: La concurrencia prevista en el artículo 131 de la ley 100 de 1993 respecto de las universidades territoriales se aplicará también en aquellos eventos en los cuales el pasivo pensional se encuentre a cargo de las cajas de previsión territoriales o quienes la hubieran sustituido.
En estos precisos momentos está reunida la Asamblea Triestamentaria en el auditorio León de Greiff de la Ciudad Universitaria en Bogotá. Estamos atentos a cualquier información, ya que seguramente el presidente Uribe aprobará el proyecto del PND con el artículo que deja a la Universidad en quiebra ante la imposibilidad de responder por el pasivo pensional.
A pesar de que el rector Wasserman haya salido a decir el día de hoy que "no subirán las matrículas", bien sabemos que el asunto va más allá y que el actual gobierno hará lo posible por cambiar la naturaleza de nuestra universidad. Es nuestra responsabilidad hacer lo posible por mantener la integridad de la U.N como la universidad de las colombianas y los colombianos, por mantener el derecho a una educación digna y de calidad con el aporte de cada ciudadana y ciudadano, por garantizar el conocimiento de todos aquellos que nos interesamos en él y en el país.
Por demás: Esperamos sus contribuciones a cada artículo que publicamos; no lo sabemos todo y la idea es concentrar lo que todos, ustedes y nosotros, sabemos.
1 comentario:
INQUIETUDES y tareas pendientes
Podemos responder la pregunta:
¿Por qué vale la pena que la sociedad y el Estado colombianos mantengan y hagan crecer un proyecto a largo plazo como lo es la Universidad Nacional de Colombia?
Si esa pregunta nos la hiciera distintos interlocutores como:
un senador, el ministro de hacienda, la directora del Departamento Nacional de Planeación, el cajero del banco, la vendedora de tarjetas del transmilenio, el gerente de una revista como Dinero, la presentadora de noticias de televisión, una columnista como María Isabel Rueda, sus compañero(a)s de colegio, el vendedor ambulante, el conductor de buseta, los hermanos pequeño(a)s, el conductor del camión que trae la cebolla a Corabastos, la señora que a la madrugada ordeña las vacas en las fincas de la sabana, los raspachines del Putumayo, los estudiantes de las universidades privadas, la dueña de la tienda del barrio, un alcalde(sa) de un pueblo de menos de cien mil habitantes, las mujeres de la red de mujeres chocoanas, ….
En otras palabras ¿qué tan claro tenemos para nosotros el valor (los valores) de la Universidad Nacional para Colombia y el mundo? ¿Cómo lo respaldamos?
Qué capacidad tenemos de comunicarlo a las muy distintas personas y entidades en Colombia (y por fuera), sin ser acartonados, en sus lenguajes y formas de pensar?
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